Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador avanzó en la presentación de una propuesta legislativa para imponer cárcel de por vida a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reforma constitucional aprobada recientemente que eliminó la prohibición de la pena perpetua en el país. La iniciativa, impulsada por los ministros de Seguridad y Defensa, busca equiparar las sanciones para adolescentes con las establecidas para adultos homicidas, violadores y terroristas.
La medida representa un cambio drástico en el sistema penal salvadoreño, donde hasta ahora la condena máxima posible era de 60 años de prisión. La propuesta surge como extensión de la modificación constitucional aprobada el martes 17 de marzo por la Asamblea Legislativa, la cual permitió por primera vez en la historia reciente del país la aplicación de sentencias de por vida, rompiendo con el mandato previo que prohibía expresamente dicha pena en la Constitución.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, titular de la cartera de Defensa, figuran como los principales involucrados en la promoción de esta normativa. Aunque la investigación no detalla declaraciones textuales específicas de los funcionarios en esta etapa, su participación marca la línea del Ejecutivo para endurecer las consecuencias jurídicas de los delitos graves, sin distinción de edad en los casos más severos.
La norma que incluye a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días, siguiendo el trámite parlamentario correspondiente. La extensión de la pena perpetua a adolescentes genera un debate implícito sobre los límites de la responsabilidad penal juvenil, dado que la legislación anterior mantenía un techo de seis décadas incluso para los delitos más atroces.
Este movimiento legislativo se da en un contexto de endurecimiento general de las políticas de seguridad bajo la administración de Nayib Bukele. La reforma constitucional previa ya había abierto la puerta a sentencias irreductibles para adultos, y ahora el gobierno busca cerrar cualquier vacío legal que permita a menores autores de homicidios o agresiones sexuales recibir penas temporales.
La propuesta llega en un momento donde la definición exacta de los límites de edad para aplicar la sanción y el nombre específico del proyecto de ley aún no han sido detallados públicamente en los registros disponibles. No obstante, la intención del gobierno es clara: alinear el código penal juvenil con la nueva doctrina de tolerancia cero que rige actualmente para la población adulta en El Salvador.
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