Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la tortura y posterior muerte de un hombre en 2022, un caso que se enmarca en un patrón de violencia policial en la entidad. En un hecho separado pero que refleja otras carencias, habitantes de la colonia Santa Fe en la misma ciudad exigen la construcción de un hospital tras la muerte de un menor, argumentando que la falta de servicios de salud adecuados pone en riesgo a la población.
Los exagentes, identificados solo como Juan ‘N’ y Abel ‘N’, fueron vinculados a proceso por delitos de tortura agravada y violación impropia agravada con objeto, luego de que, según la investigación, sometieron a Carlos Dámaso López a actos de tortura en un establecimiento de Playas de Tijuana el 27 de abril de 2022. La víctima falleció semanas después, el 18 de mayo de ese mismo año, como consecuencia de las lesiones sufridas.
Este caso ocurre en un contexto donde otros expolicías han sido sentenciados por delitos graves. Recientemente, un juez impuso una condena de 25 años y 3 meses de prisión a Billy ‘N’, otro exelemento municipal, por el homicidio de una mujer de 68 años. Estos hechos han generado cuestionamientos sobre los protocolos de contratación, formación y supervisión dentro de la policía municipal de Tijuana.
Mientras la justicia avanza en casos de abuso policial, en otra zona de la ciudad la demanda ciudadana se centra en la infraestructura de salud. En la colonia Santa Fe, vecinos como Guadalupe y Silvia González han iniciado una recolección de firmas para exigir al gobierno la construcción de un hospital. Los colonos argumentan que la falta de un centro médico cercano y adecuado tuvo consecuencias trágicas con la muerte de un menor, situación que, según ellos, se repite ante cualquier emergencia médica.
La diputada federal Evangelina Moreno se ha pronunciado a favor de la demanda vecinal, aunque hasta el momento no se ha dado una respuesta oficial concreta ni un calendario para la posible construcción del hospital solicitado. La movilización en Santa Fe pone de relieve la histórica desigualdad en el acceso a servicios de salud entre diferentes zonas de Tijuana, una ciudad que ha crecido de manera acelerada y desordenada.
Los dos temas, aunque distintos, exponen fallas críticas en la garantía de derechos básicos para los habitantes de Tijuana: por un lado, el derecho a la seguridad y a no ser víctima de abuso por parte de las autoridades, y por el otro, el derecho a la salud. Ambos casos, ocurridos en 2022 pero con repercusiones hasta 2026, muestran las deudas pendientes del Estado y las luchas que los ciudadanos deben emprender, ya sea en los tribunales o en las calles, para exigir justicia y servicios públicos esenciales.
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