Torreón, 27 de marzo de 2026.- Un grupo de afectados por un presunto fraude inmobiliario se manifestó frente a las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, exigiendo celeridad y justicia tras reportar un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. La protesta incluyó el bloqueo parcial del periférico, mientras las autoridades informaron que ya existen 12 órdenes de aprehensión giradas contra los involucrados.
Carlos Rangel, delegado regional de la Fiscalía, detalló que se han integrado 60 denuncias formales y que la mayoría de las carpetas de investigación ya se encuentran judicializadas. El funcionario indicó que se estableció una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo, confirmando la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona implicada en el esquema delictivo.
No obstante, la versión oficial contrasta con el testimonio de las víctimas, quienes aseguran que solo dos casos han sido judicializados de la totalidad de las denuncias presentadas. Alfonso Serrano, uno de los afectados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención adecuada, citándolos a las 9:00 horas para ser atendidos hasta las 19:00 horas, además de no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado por el funcionario.
Según reportes periodísticos, las víctimas señalan tortuguismo y nula actuación por parte de la FGE, apuntando específicamente al exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan como uno de los principales actores, quien presuntamente huyó a España. Asimismo, denunciaron que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de las acciones legales.
El caso, referido en los medios como el ‘Cártel Inmobiliario’, comenzó a investigarse hace aproximadamente un año e involucra inicialmente a un grupo de 27 personas, aunque el número de afectados podría ser mayor. Mientras la Fiscalía sostiene que los acuerdos reparatorios son legales cuando la víctima los acepta, los manifestantes mantienen su postura de que las órdenes de aprehensión no sirven si no se ejecutan de manera efectiva.
La tensión entre las partes persiste mientras continúan las labores de localización de otros dos implicados cuyas identidades no han sido reveladas completamente por las autoridades. La FGE mantiene su posición de que los avances son sustanciales, pero la desconfianza de los afectados obliga a mantener la vigilancia y la presión social para lograr la resolución definitiva del conflicto patrimonial.
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