Matamoros, 02 de abril de 2026.- A mil días de la explosión ocurrida la mañana del 29 de junio de 2023, la familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE. La joven entraba a un departamento que apenas iba a habitar cuando se registró el siniestro provocado por la acumulación de gas natural, la cual ocurrió por una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño.
Thalía sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo, sufrió amputaciones en todos sus dedos y presenta secuelas irreparables en su salud, habiendo pasado por más de 20 cirugías. La familia denuncia que no existe reparación del daño ni sanciones contra la empresa, a pesar de que peritajes la señalan como responsable. Desde el día del siniestro, personal de investigación en compañía de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y ante la presencia de técnicos de ENGIE inspeccionó el inmueble y los alrededores.
Con aparatos especializados se tomaron mediciones que detectaron gas natural en el registro del drenaje del domicilio afectado, arrojando las lecturas un nivel de explosividad altamente peligroso. Directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento y se les solicitó revisar la fuga para evitar más riesgos y asistir a las víctimas; sin embargo, la empresa de origen francés optó por no acatar dicha solicitud y prefirió negar lo ocurrido.
En diciembre de 2024, un peritaje descubrió las tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje y concluyó que la explosión fue causada por el gas natural del ducto. En estos mil días, abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima, sus familiares y representantes legales: una para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por la empresa para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y una más para ejercer lo que describen como gaslighting corporativo, negando los argumentos a pesar de las evidencias y revictimizando a Thalía.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, pero con retrasos burocráticos que, según la familia, han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. La familia reporta deudas de casi 2 millones de dólares. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene en sus oficinas denuncias por episodios de fugas y explosiones, ya con dictámenes en contra de la empresa regulada, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
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