Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno federal presentó este viernes una actualización detallada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), revelando que de un total histórico de 394,645 reportes contabilizados entre 1952 y 2026, existen 132,534 personas que mantienen el estatus de desaparecidas. De esta cifra, 130,178 corresponden a casos ocurridos después de 2006 que conservan dicho estatus, lo que representa el núcleo principal de la crisis actual de desapariciones en el país.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desglosó la información de los 130,178 casos posteriores a 2006 en tres grupos diferenciados por la calidad de la información disponible. El primer grupo comprende 46,742 casos, equivalentes al 36% del total, los cuales no cuentan con datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva. Un segundo rubro integra a 40,308 personas (31%) sobre las que se tienen datos suficientes y existe registro de actividad posterior a su reporte. Finalmente, un tercer grupo suma 43,128 casos (33%) que disponen de datos completos pero no han presentado actividad reciente.
Al abordar la situación de las personas clasificadas en el grupo con datos insuficientes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la complejidad operativa que esto implica para las autoridades. La mandataria señaló la dificultad inherente para localizar a las personas cuando los registros carecen de la información básica necesaria, un problema que persiste en más de un tercio de los casos activos de las últimas dos décadas. A pesar de ello, el gobierno destacó que, del total histórico de registros, se ha logrado localizar a 262,111 personas, lo que representa el 66%; de estas, el 92% fueron encontradas con vida y el 8% sin vida.
En contraste con la magnitud de los reportes de desaparición, Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, explicó las implicaciones de la reforma legal aprobada en 2025. El funcionario detalló que la nueva normativa establece la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición. Sin embargo, las cifras presentadas muestran una disparidad significativa: de los más de 130 mil casos con estatus de desaparecidos desde 2006, únicamente 3,869 cuentan con una carpeta de investigación abierta formalmente, dejando la gran mayoría de los expedientes sin una indagatoria judicial activa.
Ante estos números, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, exigió transparencia respecto a la metodología empleada para la depuración y categorización de los registros en el informe gubernamental. La legisladora expresó su preocupación por la baja cifra de carpetas de investigación abiertas en relación con el volumen total de personas reportadas como desaparecidas, cuestionando si la clasificación de casos sin datos suficientes podría estar obstaculizando el acceso a la justicia para miles de familias.
El contexto de esta presentación oficial se enmarca en los esfuerzos del ejecutivo por ordenar un padrón que históricamente ha presentado fallas en la captura de información, permitiendo anteriormente el ingreso de reportes con nombres incompletos o apodos. La administración actual busca diferenciar entre los casos que permiten una línea de búsqueda clara y aquellos donde la falta de datos mínimos impide acciones concretas, aunque organizaciones civiles y legislativos mantienen la vigilancia sobre cualquier modificación que pudiera afectar la visibilidad de las víctimas.
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