Imputan a exgobernador Bonilla por caso planta fotovoltaica

Por Redacción

Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen pruebas necesarias para formular la imputación contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo, estableciéndose que la audiencia de vinculación a proceso está programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali.

La investigación judicial se centra en un contrato suscrito durante la administración de Bonilla con la empresa Next Energy, el cual involucra 123 millones de pesos que fueron retenidos y posteriormente regresados. La actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia surgió debido a inconsistencias detectadas en los contratos y el proyecto, enfatizando que se trata de un asunto legal y no de una confrontación personal.

En su defensa, Jaime Bonilla Valdez mantiene que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, argumentando que la responsabilidad recaía en la empresa Next Energy y que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad. El exmandatario calificó como una “narrativa errónea” las acciones de la administración actual y la cobertura de los medios sobre el caso.

Bonilla Valdez cuestiona también la selectividad de la justicia, argumentando que él solo presentó una iniciativa que fue aprobada por el Congreso de Baja California, y ha preguntado por qué no se ha citado a los diputados que participaron en dicha aprobación. La defensa busca desvincular al exgobernador de la responsabilidad directa sobre la ejecución del contrato.

Con la formulación de la imputación, el proceso judicial avanza hacia la etapa de vinculación a proceso, donde se decidirá si el exgobernador enfrenta un juicio oral por los delitos señalados. La fijación de la fecha para el 23 de marzo marca el siguiente paso crítico en este caso que ha generado atención por el monto de los recursos involucrados y la participación de altos funcionarios de la pasada administración.