Badiraguato, 08 de abril de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas identificadas como Leidy y Alexa. El juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, Sinaloa, dictó el auto de vinculación bajo la figura del dolo eventual.
La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026. Previamente, las órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares se ejecutaron y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en una carretera rural del municipio serrano de Badiraguato. Los militares dispararon al menos 119 veces contra una camioneta familiar.
Las niñas muertas se llamaban Alexa Medina y Leidy Rojas, eran primas de 11 y 7 años. Además de las dos niñas fallecidas, resultaron heridos otros dos menores, Silvia y Gael Medina, de 14 y 12 años, y los padres de una de las niñas.
Según los hechos extraídos, la familia se desplazaba en una camioneta con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta. Un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano que circulaba en sentido contrario abrió fuego sin previo aviso contra el vehículo familiar.
Los militares implicados pertenecían al 42º Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil. La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los uniformados de homicidio por el caso de las niñas, y homicidio en grado de tentativa por el caso de los otros dos menores y los padres heridos.
La defensa de los militares argumentó que sus defendidos dispararon porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real. Los abogados de la defensa de los militares señalaron que “no podía evitarse en ese momento” y que “actuaron en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo”. El juez desestimó el argumento de la defensa.
De manera paralela al proceso civil, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompaña a la familia en el litigio.
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