Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos mexicanos no se realizará en el país, pues al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de una injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión reside fuera de las fronteras nacionales.
En México existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones; sin embargo, no han resultado efectivos. De haber sido eficaces, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, además de otros exservidores públicos huidos que han aportado datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco se conocerían casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos en Jalisco, Morelos y otros estados por sus ligas con la delincuencia, ni los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. En el país poco importan denuncias como las endilgadas a Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021; el golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría anular las autorizaciones otorgadas por el INE a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya hay aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas.
En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de toda persona para elegir qué escuchar, ver y leer. Bajo este contexto, la decisión no le corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a medios, un enfoque que muchos verían bien si es la base bajo la cual la Comisión Reguladora analizará en consulta pública.
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