Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras registrarse 14 muertes de connacionales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos, luego de confirmarse la muerte más reciente de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de acceso a servicios básicos. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, declaró que la tendencia de fallecimientos es “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior.
Además de la acción legal en tribunales estadounidenses, el Ejecutivo federal llevará la situación por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sheinbaum anunció que se solicitará una audiencia temática para exponer las presuntas violaciones a derechos humanos, particularmente relacionadas con la “deficiente atención médica” en estos recintos. “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, señaló la mandataria.
La ofensiva diplomática incluye el envío de cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, al fiscal de California, Rob Bonta, y al gobernador Gavin Newsom, exigiendo una investigación exhaustiva. Asimismo, se prevé una carta de la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense. Este martes, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema directamente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, tal como lo confirmó la jefa del Ejecutivo: “Hoy el subsecretario para América del Norte abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson”.
El foco de la controversia es el Centro de Detención de Adelanto, gestionado por la empresa privada GEO Group, pero bajo responsabilidad jurídica del ICE. En este recinto, ubicado en una zona rural que complica la ayuda consular, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente y declarado muerto posteriormente en un hospital. Aunque fuentes oficiales mexicanas indican que cuatro mexicanos han muerto en este centro supuestamente por complicaciones médicas sin causa legal establecida, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha rechazado las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados y que se brindó atención de emergencia.
Durante una conferencia de prensa realizada el 30 de marzo en el Consulado de México en Los Ángeles, autoridades consulares y abogados de las familias detallaron que existe un nulo flujo de información sobre la situación de los detenidos, el 50% de los cuales son connacionales con más de 10 años de residencia en Estados Unidos. Entre junio de 2025 y marzo, mil 809 personas fueron recluidas en este centro. Funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en la región con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo comunitario.
Paralelamente, en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, tras concluir que las condiciones limitan el derecho a la defensa. Corene Kendrick, de la Unión Americana de Libertades Civiles, afirmó que “el acceso a asesoría legal es un derecho constitucional —no un privilegio— para todas las personas en este país”. Mientras tanto, cifras del New York Times indican que el sistema de detención está bajo presión con 70,000 reclusos a principios de 2026, en un contexto donde se reportan 13 muertes en los primeros meses del año, frente a un promedio anual de siete durante la administración de Joe Biden.
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