Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró múltiples facetas esta semana, con hallazgos de restos humanos en Jalisco y Sonora, la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, y denuncias de ataques a defensores de derechos humanos en Chiapas y Guerrero. Mientras colectivos de búsqueda intensifican sus esfuerzos, autoridades federales minimizan alertas en algunos estados y familias de víctimas negocian compensaciones sin garantías jurídicas claras.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones Jalisco denunció el hallazgo de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. Ivonne Gutiérrez, coordinadora del colectivo, señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que sugiere una posible omisión institucional. El descubrimiento se suma a la identificación de crematorios clandestinos en la misma zona.
En Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26 Kilómetro 46. Sin embargo, se desconoce cuál de sus hijos es y si la prueba de ADN ha sido realizada o confirmada oficialmente. Este caso refleja la acción de búsqueda independiente que realizan familias ante la inacción de las instituciones.
En San Luis Potosí, siete electricistas que habían desaparecido en Matehuala fueron localizados con vida. Un electricista anónimo declaró a medios que el grupo fue interceptado por un grupo criminal para ser reclutado y permanecieron retenidos más de dos días. El Gabinete de Seguridad desplegó 600 agentes en la búsqueda, lo que permitió su liberación.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, el 22 de marzo de 2026. La organización señaló riesgo inminente e inacción de las autoridades para proteger sus instalaciones. Este episodio se suma a intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero, evidenciando hostigamiento contra quienes documentan casos de desaparición.
En contraste con los reportes de crisis, el Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito. Esta declaración contrasta con la percepción de crisis mencionada en otros reportes y con las 20 solicitudes de Alerta Amber atendidas en el estado según autoridades.
En Torreón, Coahuila, Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento sobre acceso a pensiones para familias de policías desaparecidos. Sin embargo, el municipio argumenta que no hay una forma jurídicamente posible para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las familias sin compensación garantizada.
El panorama nacional muestra 297 personas desaparecidas en Yucatán hasta finales de 2025, mientras casos como el de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre, permanecen sin resolución clara. La multiplicidad de frentes en la crisis de desapariciones evidencia tanto la acción de colectivos y familias como las presuntas omisiones, inacción o complicidad de autoridades en diferentes regiones del país.
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