¿Por qué el Gobierno de EE. UU. “cierra” y opera a medias?

Por Redacción:

Washington, D. C., 7 de octubre de 2025. Cuando en Estados Unidos se agota el dinero aprobado por el Congreso para pagar a sus agencias, la ley prohíbe seguir gastando. Es lo que se conoce como shutdown o cierre del gobierno: una suspensión parcial de actividades públicas que deja a cientos de miles de empleados en casa sin trabajar (furlough) y mantiene únicamente los servicios “exceptuados” para proteger la vida y la propiedad. La base legal es el Antideficiency Act, que impide a las dependencias federales comprometer o gastar recursos sin una asignación vigente, salvo excepciones estrechas para emergencias.

En la práctica, ¿por qué ocurre? Cada año, el Congreso debe aprobar 12 leyes de apropiaciones o, de no llegar a tiempo, una resolución continua (CR) para extender temporalmente el dinero. Si no hay ni presupuesto ni CR al expirar el financiamiento, sobreviene el cierre. Estas resoluciones se han vuelto rutina: entre 1977 y 2025 se han promulgado más de 200 CRs, con una duración media cercana a cuatro meses hasta cerrar el ciclo presupuestal definitivo.

Qué se detiene y qué sigue funcionando

• Se detiene todo lo que la ley considera “no exceptuado”: visitas y atención al público en museos y parques, investigaciones y trámites no urgentes, auditorías y procesos administrativos que no impliquen riesgo inmediato. Personal clasificado como “no exceptuado” es enviado a casa sin trabajar (furlough).
• Sigue lo esencial: control aéreo, seguridad nacional, operaciones de emergencia, prisiones federales, funciones de protección de la propiedad y de la vida, y actividades financiadas con ingresos propios (por ejemplo, pasaportes y visas, que se sostienen principalmente con cuotas). También continúan los programas de gasto obligatorio como Seguro Social y Medicare, aunque pueden verse demoras en servicios de atención.

Impactos visibles en una semana de cierre

Un cierre real no es una abstracción: afecta bolsillos y servicios. En estos días, la contingencia ha puesto en la mira programas como WIC, que atiende a millones de madres y niños con apoyo alimentario y que opera con un fondo de emergencia limitado; si el cierre se prolonga, estados con menos margen presupuestal podrían resentirlo antes. También peligran subsidios del programa Essential Air Service, que mantienen vuelos comerciales en comunidades rurales. Son ejemplos de cómo un impasse político se traduce en recortes puntuales y suspensiones operativas.

¿Quién decide que termine?

Para reabrir completamente, ambas cámaras del Congreso deben aprobar (y el presidente promulgar) las leyes de gasto o, al menos, una CR que devuelva liquidez. La Casa Blanca no puede “levantar” unilateralmente un cierre; la llave está en el proceso legislativo.

¿Por qué se repite?

Porque el presupuesto federal es hoy un campo de batalla política donde minorías de legisladores pueden bloquear acuerdos sobre niveles de gasto o condiciones (enmiendas, recortes o cláusulas culturales). Cuando la negociación se extiende más allá del límite, el cierre se vuelve palanca de presión, con costos económicos y sociales que crecen conforme pasan los días. Organismos no partidistas y centros de análisis subrayan que la herramienta de las CR y la amenaza de cierre se han normalizado en la dinámica del Capitolio.

En síntesis

El gobierno de EE. UU. “cierra” y opera a medias por una razón jurídica clara —no hay dinero legalmente disponible— y por una razón política recurrente —el Congreso no logra pactar a tiempo—. Mientras tanto, siguen en pie solo las funciones esenciales y los programas con financiamiento automático o propio, y se resienten servicios cotidianos que, como WIC o los subsidios a vuelos rurales, muestran el costo humano y territorial de un cierre prolongado.

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