Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de julio de 2026.- Los diputados Alberto Martínez y Ángel Augusto Tamariz propusieron reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para homologarla con la federal. La iniciativa fue dada a conocer por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente durante su sesión y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia para que sea dictaminada.
Los legisladores señalaron que existen “importantes áreas de oportunidad” en el marco legal local. Esta propuesta se da en el contexto del Decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Previo a esto, en la elección extraordinaria de 2025 en la Ciudad de México se eligieron cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 34 cargos para magistradas y magistrados, y 99 para jueces, con una participación ciudadana cercana al 14 por ciento.
Por otro lado, Brenda Quevedo Cruz salió de su departamento, donde permanece bajo prisión domiciliaria, durante la tarde del viernes 17 de julio. La mujer, quien acumula 21 años sin sentencia y cuya fase de investigaciones terminó desde 2014, obtuvo un permiso humanitario para visitar a su padre hospitalizado.
El padre de Quevedo se encuentra internado en un hospital del ISSSTE en Toluca, Estado de México, tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que está intubado. Brenda Quevedo salió custodiada bajo un fuerte operativo de la Guardia Nacional que la acompañó hasta el nosocomio. Esta fue su primera salida desde el 24 de junio de 2024.
Aunque el permiso humanitario se emitió la mañana del 17 de julio, en el documento se colocó mal la fecha, lo que retrasó el traslado cinco horas hasta que se emitió un nuevo documento con la fecha correcta. Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada en 2009, tras lo cual pasó más de 15 años en penales federales. Organismos internacionales como la ONU y la CNDH han señalado irregularidades y acusan que la detención fue arbitraria.
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