Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El debate legislativo sobre la reforma constitucional electoral y la revocación de mandato se encuentra en una fase crítica en el Senado de la República, donde los seis votos del Partido del Trabajo (PT) se han convertido en el factor determinante para lograr la aprobación de la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para validar los cambios constitucionales se requieren 85 votos, lo que representa dos terceras partes de la cámara alta; aunque la coalición formada por Morena, el PVEM y el PT suma 87 legisladores, la postura divergente del aliado menor pone en riesgo la mayoría calificada.
La propuesta del Ejecutivo, enviada el 17 de marzo y conocida como ‘Plan B’, contempla modificaciones estructurales que incluyen la reducción de puestos en ayuntamientos, el recorte de sueldos a funcionarios electorales y cambios en la integración del Congreso, estableciendo una conformación de 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Sin embargo, existen contradicciones en la narrativa del proceso: mientras algunas fuentes indican que el Congreso rechazó la propuesta, otras señalan que la dictaminación y votación siguen en curso, lo que refleja la incertidumbre que prevalece en las comisiones legislativas.
En este contexto, el senador Manlio Fabio Beltrones ha presentado una alternativa legislativa a la iniciativa presidencial, aunque los detalles completos de su propuesta, incluyendo el número de iniciativa y otros firmantes, no han sido especificados en los reportes disponibles. La existencia de dos rutas distintas para la reforma electoral ha complicado el consenso, pues los legisladores deben evaluar tanto el contenido enviado por la mandataria como la opción presentada por Beltrones antes de proceder a la votación final.
Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, encabeza las dudas de su bancada, las cuales podrían impedir la aprobación si no se logran acuerdos de último minuto. La incertidumbre se extiende también a la postura del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya presidenta, Guadalupe Taddei, sostuvo reuniones con los legisladores, aunque no se han hecho públicos los detalles de dicha interacción ni la posición oficial del organismo autónomo frente a los recortes presupuestales y cambios orgánicos propuestos.
Los presidentes de las comisiones involucradas, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, han emitido comunicados oficiales sobre el avance de la dictaminación, pero no se ha confirmado la fecha exacta ni la hora de la sesión extraordinaria donde se definirá el futuro de la reforma. La aprobación de este paquete legislativo es prioritaria para la agenda de la presidencia, dado que busca alterar las reglas de la democracia mexicana antes de los próximos procesos electorales.
Con 87 votos teóricos a favor pero con la fracción del PT expresando reservas, el escenario en el Senado permanece abierto. La aprobación de la reforma electoral dependerá de la capacidad de negociación de la mayoría para alinear las posturas de sus aliados y superar las divergencias sobre el contenido específico de la revocación de mandato y la reestructuración del sistema político.
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