Por Luis Martínez Alcántara
México registró un promedio de 83 homicidios diarios durante los primeros seis meses de 2024, acumulando un total de 15,243 muertes violentas según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque esta cifra representa una disminución del 4.7% respecto al mismo periodo del año anterior, sigue siendo alarmante por la magnitud de la violencia en el país. Este descenso marca el tercer año consecutivo con una reducción en los homicidios, pero no logra aliviar la percepción generalizada de inseguridad.
La tasa nacional de homicidios en este periodo fue de 11.7 por cada 100,000 habitantes, con una marcada diferencia entre géneros: 21.2 por cada 100,000 hombres y 2.6 por cada 100,000 mujeres. Del total de víctimas, el 88% fueron hombres y el 12% mujeres, lo que refleja patrones de violencia diferenciados. Mientras que los homicidios masculinos están vinculados principalmente a conflictos armados y actividades ilícitas, los asesinatos de mujeres presentan una mayor incidencia de razones relacionadas con violencia de género.
El arma de fuego fue el medio más utilizado para cometer homicidios, representando el 73% del total. Otros métodos incluyeron agresiones con objetos cortantes y estrangulamientos. Este patrón subraya la prevalencia del uso de armas en los actos violentos y la necesidad urgente de políticas públicas enfocadas en su control y regulación. Además, siete estados concentran la mitad de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León.
El contexto político-electoral también influyó en las cifras. Durante el primer semestre del año, marcado por precampañas y elecciones locales, se registraron numerosos ataques contra figuras políticas. Históricamente, estos periodos han estado asociados con un aumento en la violencia debido a disputas territoriales entre grupos criminales y conflictos relacionados con el poder político.
A pesar de las reducciones anuales en los homicidios desde 2021, México enfrenta un desafío estructural para combatir la violencia. Las cifras reflejan una crisis sostenida que requiere estrategias integrales que aborden tanto las causas inmediatas como los factores sociales y económicos subyacentes.
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