Hermosillo, 21 de junio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia en la que determinó que son imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios de Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y directivos de la Guardería ABC, lo que permite la continuación del proceso penal ligado a los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, donde murieron 49 niñas y niños y decenas más resultaron lesionados.
El fallo se dio al resolver un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, quien fue director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS entre 2006 y 2009. Salazar Salazar fue detenido en 2020 y vinculado a proceso bajo la acusación de homicidio y lesiones culposos por omisión. El juicio de amparo indirecto se promovió al considerarse, entre otras cuestiones, que la acción penal estaba prescrita.
Según indicó la Fiscalía General de la República (FGR), la defensa argumentó que “no era aplicable el artículo 106, párrafo último de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado que los únicos delitos contra la niñez que tienen una regla especial de prescripción son los previstos en el artículo 107 bis del Código Penal Federal, entre los cuales no se encuentran el homicidio ni lesiones culposos, por lo que, en el caso concreto, debía sujetarse a las reglas generales de la prescripción”.
Sin embargo, el pleno de la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, el cual concluyó que el incendio y la omisión del Estado en su deber de cuidado constituyeron graves violaciones a los derechos de la infancia. La Corte determinó que la acción penal derivada de esos hechos no puede extinguirse por el paso del tiempo.
La FGR consideró que este fallo “refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas y los niños involucrados”. La dependencia señaló que la decisión implica la continuación del proceso penal contra dos funcionarios del IMSS llevados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposos, en la modalidad de comisión por omisión.
Dicha indagatoria fue iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional. Con esta resolución, se mantiene vigente la persecución penal respecto a los responsables de los hechos ocurridos hace 17 años en la guardería subrogada.
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