Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó normativas estatales en Durango y Nayarit que establecían sesiones privadas como regla general para los tribunales de justicia y mecanismos de evaluación judicial contrarios al modelo federal. La resolución se dio mediante acciones de inconstitucionalidad presentadas contra reformas aprobadas por los congresos de ambos estados.
En el caso de Durango, el Pleno de la SCJN determinó que la norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia era inconstitucional. Esta disposición contravenía los principios de transparencia y publicidad que deben regir los actos de los órganos judiciales. También se invalidaron artículos relacionados con la duración de mandatos de magistrados.
Respecto a Nayarit, la Corte invalidó el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único, por contravenir el modelo federal establecido para la selección de candidatos judiciales. Además, se reconoció una omisión del Congreso de Nayarit al no incorporar los principios de insaculación y paridad de género en el proceso de selección.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas con la participación del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes cuestionaron la validez de las reformas estatales aprobadas por los congresos de Durango y Nayarit. La SCJN actuó como tribunal constitucional para determinar la conformidad de estas normas con la Constitución federal.
Esta resolución establece un precedente sobre la obligación de los estados de mantener sesiones públicas en sus órganos judiciales y seguir el modelo federal para la evaluación y selección de candidatos a cargos judiciales. La decisión refuerza los principios de transparencia, publicidad y paridad en los sistemas de justicia estatales.
La SCJN continuará analizando otras acciones de inconstitucionalidad relacionadas con reformas judiciales en diversos estados, en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia que entró en vigor recientemente. Los congresos estatales deberán adecuar sus normativas a los criterios establecidos por la Corte.
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