Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos, mientras que el periodista Carlos Loret de Mola, denunciante original del caso, calificó el fallo como una venganza del régimen.
Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la autoridad electoral es la instancia competente para revisar posibles violaciones a las leyes en la materia y que su decisión debe ser acatada. “Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum, añadiendo que corresponde analizar los mecanismos y fundamentos bajo los cuales el órgano emitió dicha resolución.
La controversia surge a raíz de las grabaciones realizadas en 2020 por David León, en las que Pío López Obrador, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es mostrado recibiendo paquetes de efectivo. En aquel momento, el entonces mandatario aseguró que los recursos estaban destinados al partido Morena. Ahora, con la absolución emitida por el tribunal constitucional, la postura oficial del gobierno sostiene que no se configuró ningún ilícito.
En contraste, Carlos Loret de Mola, director de LatinUS y quien dio a conocer el material audiovisual, rechazó frontalmente la decisión judicial. El comunicador denunció que “esta es una venganza del régimen” y aseguró que todas las instituciones del Estado relacionadas con el proceso se han alineado para exonerar al implicado. Ante el fallo, Loret de Mola ha presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra sí mismo, con un valor de 200 millones de pesos cada una.
Medios de comunicación y analistas han señalado que la absoluciión llega en un contexto de cuestionamientos hacia la independencia del poder judicial. Portales como López-Dóriga Digital describieron la situación como el resultado de un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió a un acusado de lo que, en los hechos, consideraban “inabsolvible”. Esta divergencia de interpretaciones marca una profunda polarización entre la visión institucional del gobierno y los sectores críticos que ven en el fallo una manipulación de la justicia electoral.
Hasta el momento, no se ha hecho pública la respuesta directa de Pío López Obrador sobre esta resolución, ni se han detallado los argumentos jurídicos específicos que el TEPJF utilizó para dictaminar la inexistencia de delito. Mientras tanto, las demandas civiles por daños morales continúan su curso, manteniendo abierta la disputa legal y mediática en torno a la integridad de los procesos electorales y la actuación de los funcionarios públicos.
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