TRUMP SOLICITA A LA CORTE SUPREMA ELIMINAR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

Por Luis Martínez Alcántara

El presidente Donald Trump presentó una solicitud de emergencia a la Corte Suprema de Estados Unidos para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta medida busca revocar órdenes de tribunales inferiores que bloquean su decreto presidencial, el cual niega la ciudadanía a niños nacidos en el país cuyos padres no poseen residencia legal.

Actualmente, cortes federales en Maryland, Massachusetts y Washington han detenido la implementación de esta política mientras continúa el litigio. La administración Trump argumenta que la 14ª Enmienda no otorga ciudadanía a niños nacidos de padres sin residencia permanente.

Esta interpretación desafía la comprensión tradicional de la enmienda, que ha garantizado la ciudadanía a casi todos los nacidos en suelo estadounidense, excepto en casos específicos como hijos de diplomáticos. El gobierno sostiene que el presidente tiene la autoridad para corregir esta interpretación, pero tribunales federales han dictaminado que la orden de Trump contradice el lenguaje claro de la enmienda.

El decreto presidencial, firmado en enero de 2025, pretende negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero si sus padres están en el país ilegalmente. Este intento de restringir la ciudadanía por nacimiento ha sido bloqueado por jueces de distrito en múltiples estados, impidiendo su aplicación a nivel nacional.

La administración argumenta que se necesitan estándares más estrictos para la ciudadanía, aunque expertos legales afirman que alterar las protecciones de la 14ª Enmienda sería altamente desafiante.

Además, Trump solicitó que la Corte Suprema limite la autoridad de los tribunales inferiores para emitir órdenes que bloqueen políticas a nivel nacional. Esta petición, motivada por las órdenes contra su intento de terminar con la ciudadanía por nacimiento, podría tener amplias implicaciones.

La administración argumenta que tales órdenes deben estar geográficamente limitadas y que su práctica interfiere con las funciones del Poder Ejecutivo. La respuesta de la Corte Suprema podría redefinir el panorama legal para futuras administraciones.