marzo 28, 2026

4 El exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez admite su responsabilidad, pero señala que actuó bajo instrucciones de altos funcionarios para favorecer intereses políticos externos

Vinculan a proceso a exdirectora del INVI en BCS por lavado de dinero y desvío de recursos

La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal señaló a la funcionaria como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.

Mediante indagatorias de inteligencia patrimonial y financiera, las autoridades detectaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano que suman un total de 54 millones 876 mil 222 pesos. Estos movimientos se presumen realizados con recursos de procedencia ilícita cuyo origen son cuentas bancarias del instituto estatal.

De manera específica, la imputación directa contra Villarreal asciende a 762,000 pesos por disposición de fondos para uso personal. En el mismo esquema de corrupción fueron detenidos anteriormente Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el CERESO de La Paz sin sentencia por peculado, así como Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario.

También fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto, bajo los mismos cargos de operaciones con recursos ilícitos. Sin embargo, fuentes de la Contraloría Estatal citadas por medios locales indicaron que tanto Villarreal como Reyes debieron ser acusados por peculado, advirtiendo que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado.

Información publicada por el Semanario ZETA revela que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI el 2 de octubre de 2023, también estuvo relacionado con el caso. Según documentos consultados por el medio, García Meza autorizó transferencias mientras la cuenta se vaciaba, en medio de un desfalco que supera los 54 millones de pesos atribuido inicialmente al exjefe de contabilidad.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en la red de corrupción que operó dentro del organismo de vivienda. Por el momento, la vinculación a proceso marca el inicio formal de la etapa judicial contra los exfuncionarios señalados de utilizar recursos públicos para fines políticos y personales.

About The Author