Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una audiencia de casi 24 horas que inició el 23 de marzo y concluyó este martes. El juez Gerardo Anguiano Ceja resolvió la situación jurídica del exfuncionario, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California por presuntas irregularidades en un contrato para una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se construyó.
De acuerdo con la información fiscal, el proyecto Next Energy comprometía pagos de 123 millones de pesos mensuales por un periodo de 30 años. La garantía económica fijada para el proceso se estableció alrededor de 100 mil pesos, mientras que el plazo de investigación complementaria fue de seis meses.
Las acusaciones señalan irregularidades en permisos y compromisos financieros durante la gestión de Bonilla, quien gobernó Baja California de 2019 a 2021. La Fiscalía lo acusa por delitos cometidos durante su administración, aunque el exgobernador argumenta que el pago de 123 millones vinculado al proyecto se realizó entre enero y febrero de 2022, cuando él ya no estaba en funciones.
Bonilla Valdez afirma que su gobierno sólo pagaría por un servicio y no construiría la planta, posición que contrasta con las acusaciones que señalan daño al erario estatal. El caso involucra un contrato para una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se llevó a cabo, generando las acusaciones actuales.
Tras concluir su periodo como gobernador, Jaime Bonilla Valdez asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT). La vinculación a proceso representa un desarrollo significativo en el caso que ha generado atención por las cifras involucradas y las implicaciones para el erario de Baja California.
La gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha emitido declaración oficial respecto a las declaraciones de Bonilla. El proceso continuará con la investigación complementaria durante los próximos seis meses, periodo en el que se presentarán las pruebas específicas por parte de la Fiscalía.
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