Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión del Plan B electoral, una reforma que incluye reducción de gasto en procesos electorales, límites al presupuesto de congresos locales y cambios en el mecanismo de revocación de mandato, con el objetivo de habilitar una consulta de ratificación para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.
Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, confirmó que 13 de 14 senadores de su bancada apoyarán la iniciativa. Esta alianza resulta crítica para alcanzar la mayoría calificada requerida en la aprobación de reformas constitucionales.
Alfonso Ramírez Cuéllar, representante de Morena, destacó que el Plan B contempla reducir el gasto electoral, limitar los presupuestos de congresos locales al 0.7% del presupuesto estatal, disminuir el número de regidores en ayuntamientos y modificar las reglas de la revocación de mandato para permitir que se realice en el periodo 2027-2028.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que la discusión se realiza en paralelo con los trabajos de la Cámara de Diputados para la convocatoria de designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, cuyos titulares actuales fueron nombrados en 2017 por acuerdo entre PRI, PAN y PRD.
La reforma también establece que el titular del Ejecutivo Federal podrá pronunciarse durante el proceso de revocación de mandato, un cambio significativo respecto a la legislación actual. El objetivo declarado es alcanzar 80% de ratificación popular para la presidenta en la consulta programada para 2027.
Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció que presentará una iniciativa local para armonizar la legislación de su estado con el Plan B electoral federal. Ulises Mejía Haro, diputado federal, y Elías Lixa, representante del PAN, participan en las mesas de trabajo sobre los detalles de la reforma.
La aprobación del Plan B marcaría un punto de inflexión en el calendario electoral mexicano, estableciendo precedentes para la reducción de costos en procesos democráticos y abriendo la posibilidad de una consulta de permanencia para el gobierno federal en la mitad del sexenio.
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