Por Redacción
Tijuana, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) inició el despliegue aéreo de 1,170 efectivos militares hacia los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y León, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para inhibir actividades de grupos delictivos. La operación, que arrancó a las 17:00 horas del 18 de marzo de 2026, movilizó tropas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y elementos de la Fuerza Aérea Mexicana mediante tres aeronaves de transporte estratégico.
El contingente militar incluye a 270 fusileros paracaidistas, quienes se sumarán a las zonas militares 2.a, 5.a y 16.a para realizar tareas de disuasión, prevención y patrullajes en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en Baja California, Chihuahua y Guanajuor. Este movimiento busca reforzar la presencia castrense en regiones críticas donde la violencia organizada ha registrado incrementos recientes.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SEDENA, el despliegue responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas latentes en estas fronteras y corredores industriales. Las fuerzas desplegadas trabajarán de manera conjunta con la Guardia Nacional y las policías locales para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.
La llegada de estas tropas marca una intensificación de la estrategia federal de seguridad en 2026, priorizando la ocupación territorial en puntos neurálgicos del crimen organizado. Tijuana, como punto de entrada fronterizo clave, recibe una porción significativa de este contingente para apoyar las operaciones ya existentes en la región.
Las autoridades no han especificado la duración estimada de este operativo ni los criterios detallados para la selección exacta de los destinos, aunque se entiende que la elección obedece a evaluaciones de riesgo recientes. Se espera que la presencia militar genere un efecto dissuasorio inmediato mientras se consolidan las labores de inteligencia en el terreno.
Este movimiento ocurre en un contexto de presión social por la seguridad en las ciudades afectadas, donde la población ha demandado acciones más contundentes contra la extorsión y el homicidio. El gobierno federal mantiene la línea de utilizar al Ejército como pilar fundamental para la pacificación de zonas conflictivas bajo el mando de la nueva doctrina de seguridad pública.
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