EL SAQUEO DE EL OSO: CRIMEN, CORRUPCIÓN Y VIRALIDAD EN REDES

Por Luis Martínez Alcántara

La histórica fábrica “El Oso”, con más de 100 años de trayectoria en la Ciudad de México, fue desalojada el pasado 17 de enero en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Benito Juárez.

Durante el desalojo, decenas de personas aprovecharon para saquear productos y mobiliario del lugar, mientras las autoridades presentes no intervinieron más allá de supervisar el desalojo judicial. Este evento ha generado indignación y cuestionamientos sobre la falta de control y previsión por parte de las instituciones responsables.

La empresa denunció que el desalojo fue consecuencia de actos de extorsión por parte del crimen organizado, a los que se negaron a ceder. En un comunicado, “El Oso” acusó también a autoridades corruptas de complicidad en los hechos. Aunque la SSC y la alcaldía participaron directamente en el operativo, ambas instituciones han evitado emitir declaraciones claras sobre las irregularidades ocurridas durante el saqueo, lo que ha alimentado sospechas sobre posibles vínculos con grupos delictivos.

Los videos del saqueo se hicieron virales rápidamente en redes sociales, mostrando a decenas de personas cargando cajas y bolsas con productos de la fábrica. Estas imágenes generaron una ola de críticas hacia las autoridades por su inacción frente al saqueo. Además, los usuarios expresaron indignación por la destrucción del legado de una empresa emblemática y por la aparente impunidad con la que operaron tanto los saqueadores como los responsables del desalojo.

La falta de intervención policial durante el saqueo ha sido atribuida a una limitada presencia operativa y a posibles actos de corrupción. Aunque las autoridades justificaron su actuación como parte de un mandato judicial, expertos han señalado que este tipo de operativos requieren mayor planeación para evitar desórdenes como el ocurrido. La ausencia de explicaciones oficiales también ha dejado un vacío informativo que alimenta teorías sobre colusión entre funcionarios y grupos criminales.