Lázaro Cárdenas, 27 de marzo de 2026.- Familiares de María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, las dos docentes asesinadas el martes 24 de marzo en una preparatoria de esta ciudad, exigieron que el responsable, un estudiante de 15 años identificado como Osmar N., sea juzgado bajo la legislación para adultos y no conforme al sistema de justicia para adolescentes. Los deudos manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de que el agresor enfrente una sanción limitada debido a su minoría de edad, mientras la Fiscalía General del Estado prepara la audiencia inicial para definir su situación jurídica.
Francisco Delgado Madrigal, esposo de la coordinadora académica María del Rosario Sagrero, expresó el dolor de la familia y pidió a las autoridades intervenir con rigor pese a la edad del implicado. Por su parte, un hermano de Tatiana Madrigal insistió en que se aplique la pena máxima posible, señalando que el crimen fue perpetrado con un rifle de asalto. Ambos familiares coincidieron en que la gravedad del doble homicidio amerita un castigo ejemplar que trascienda los límites del Código de Justicia Especializada para Adolescentes.
Bajo la normativa vigente en México, los individuos de entre 14 y menos de 16 años al momento de cometer un delito grave están sujetos a una medida de seguridad máxima de tres años de internamiento en centros especializados, incluso en casos de homicidio doloso. Sin embargo, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que buscará imputar a Osmar N. tres cargos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. El ministerio público planea presentar videos y testimonios como evidencia durante la audiencia programada para este jueves.
Respecto al arma utilizada, un fusil AR-15 calibre 5.56, el adolescente afirmó inicialmente que pertenecía a su padre, quien sería miembro de la Secretaría de Marina. No obstante, la Fiscalía indicó que dicha versión está siendo corroborada, mientras que la madre y el padrastro del menor negaron que el arma fuera de su propiedad. Las investigaciones preliminares sugieren que el rifle carece de registro oficial y habría ingresado al país de manera ilegal, lo que constituye un delito federal grave.
En respuesta a los hechos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a los padres de familia para vigilar a sus hijos, tras revelar indicios de que el agresor participaba en grupos antifeministas y misóginos. El mandatario estatal enfatizó la necesidad de fortalecer la atención psicológica en las escuelas y advirtió que la violencia no conduce a ninguna solución. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el ataque como un evento muy doloroso y anunció la creación de un Programa de Salud Mental dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria, que incluirá capacitación docente y guías para familias.
La comunidad educativa de la escuela preparatoria Antón Makárenko permanece en shock tras la pérdida de dos de sus elementos más destacados. Mientras se desarrolla el proceso legal, la sociedad michoacana debate sobre la suficiencia de las leyes actuales para menores infractores frente a crímenes de alta peligrosidad, a la espera de que el juez especializado determine las medidas cautelares correspondientes para Osmar N.
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