Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El gobierno federal impulsa una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que propone establecer penas de prisión de 40 a 70 años para este delito y homologar criterios legales en todas las entidades federativas del país.
La iniciativa fue dada a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, durante un evento en Palacio Nacional.
Entre los ejes centrales de la propuesta destaca que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género obligatoria. Actualmente, el Código Penal Federal establece que un homicidio de mujer se investiga como posible feminicidio solo cuando hay presencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, relación con el agresor, amenazas, incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo en lugar público.
Ernestina Godoy explicó que la iniciativa busca eliminar diferencias entre legislaciones estatales y garantizar criterios uniformes en la persecución del delito. “Cada estado tiene distintas categorías de razones de género y agravantes, lo que en muchos casos da pie a impunidad. Se busca que todos investiguemos igual”, señaló la fiscal durante su intervención.
La propuesta incluye 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, tenga discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes, o que el crimen se cometa frente a hijas o hijos. También contempla que el agresor sea servidor público como factor contextual para endurecer la sanción.
Ingrid Gómez Saracíbar subrayó que el feminicidio trasciende a la víctima directa. “Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero sin duda también cambia la vida de las personas de su círculo cercano, sobre todo de sus hijas e hijos”, afirmó. La iniciativa plantea la creación de un registro nacional de orfandad para hijos de las víctimas y establece atención médica, psicológica y asistencia jurídica gratuita.
El proyecto establece que las personas acusadas de feminicidio no podrán solicitar beneficios de amnistía, ni tendrán acceso a libertad condicionada o conmutación de penas. Además, propone que el delito, su sanción y la reparación del daño no puedan prescribir, siguiendo el ejemplo de entidades como Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, cuyos códigos penales ya establecen que el feminicidio no prescribe.
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