Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein rechazó desestimar el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero dejó en suspenso la resolución sobre el financiamiento de su defensa legal, mientras evalúa opciones para destrabar los activos venezolanos bloqueados por sanciones estadounidenses. La audiencia se llevó a cabo en un tribunal federal de esta ciudad, donde el expresidente venezolano enfrenta un proceso judicial que incluye cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.
Durante el procedimiento, la defensa representada por el abogado Barry Pollack planteó la imposibilidad de pagar sus servicios debido al congelamiento de fondos del gobierno de Maduro impuesto por Estados Unidos. Ante este obstáculo jurídico, el magistrado optó por no emitir un fallo definitivo sobre la representación legal inmediatamente, abriendo la puerta a posibles soluciones que permitan al acusado ejercer su derecho a elegir a sus abogados sin violar las normativas de sanciones vigentes.
Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció respecto al caso calificando a Maduro como un importante traficante de drogas y asegurando que su captura ha evitado la entrada de más estupefacientes al territorio estadounidense. El mandatario solicitó ampliar los cargos en contra del exlíder chavista, aunque no especificó detalles sobre nuevas imputaciones formales presentadas ante la corte en este momento.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del acusado y diputado venezolano, describió a su padre como una persona delgada, con perfil de atleta y en buen estado de ánimo tras su detención ocurrida el pasado 3 de enero. Estas declaraciones ofrecen una perspectiva familiar sobre las condiciones del detenido, aunque no han sido contrastadas con informes oficiales de las autoridades penitenciarias o judiciales responsables de su custodia.
El proceso judicial continúa su curso en medio de complejidades legales derivadas del bloqueo económico y las tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Mientras la fiscalía mantiene su postura sobre la afectación a la seguridad nacional como eje de la acusación, la defensa busca mecanismos para garantizar el debido proceso en un escenario donde los recursos financieros del cliente permanecen inaccesibles por orden gubernamental.
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