Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo como una decisión parcial y sesgada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso que no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado.
El gobierno mexicano acusó que el documento se presentó con omisiones, específicamente de observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025, así como información entregada el 27 de marzo. Las autoridades argumentaron que el procedimiento aplicado por el Comité de Desapariciones Forzadas está diseñado para contextos donde las cifras son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, según su postura, no corresponde a la realidad actual del país.
En su defensa, el gobierno señaló que el propio informe reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. Además, reclamó que el reporte se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro entidades federativas.
Por otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. La decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, indica que la información recibida contiene indicios fundados de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Según el CED, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del territorio nacional. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El Comité tomó nota de la postura del Gobierno de México de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, pero señaló que en algunos casos recibió información fundamentada sobre la participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia. El documento cita ejemplos donde “hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías”.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos en Chiapas. La organización civil Idheas señaló que este escenario revela “fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”, ya que el mecanismo de acción urgente se ha convertido en un instrumento recurrente.
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