Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de erradicar este delito en México y establecer que ninguna mujer muera por el solo hecho de ser mujer. Durante la conferencia de prensa, la mandataria enfatizó que la nueva legislación busca evitar que los feminicidios sean catalogados incorrectamente como suicidios, mientras la Fiscalía General de la República reportó 54 casos de esta naturaleza en lo que va de 2026.
La iniciativa propone homologar el tipo penal de feminicidio en todo el territorio nacional, obligando a las fiscalías a investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio. Según los detalles de la propuesta, el delito se configurará con base en nueve razones de género, estableciendo penas de prisión de 40 a 70 años y contemplando 21 agravantes para los responsables.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, declaró que este delito, que afecta a miles de mujeres, debe llamar a la sociedad y a las autoridades a erradicar la violencia feminicida. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, aseguró que la iniciativa responde a un gran reclamo social y una demanda ciudadana, comprometiendo el respaldo legislativo a la propuesta.
Monreal adelantó que se prevé modificar el Artículo 19 de la Constitución para elevar el feminicidio a la categoría de delito grave, lo que implicaría cambios sustanciales en el procedimiento jurídico para estos casos. La presentación de la ley se realizó en la Ciudad de México, donde se expusieron los puntos generales de la reforma sin detallar el texto completo enviado al Senado.
La acción legislativa ocurre en un contexto donde las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican la persistencia de la violencia de género, con 54 feminicidios registrados apenas en los primeros meses del año. La administración federal busca con esta reforma cerrar las brechas legales que han permitido la impunidad o la mala clasificación de los crímenes contra mujeres.
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