Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, argumentando que esta definición es “otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación del país.
Sheinbaum acusó al documento de tener un trasfondo político y de estar orientado a criticar al Estado mexicano. Según la presidenta, el informe se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y utiliza datos de periodos anteriores a 2018, específicamente entre 2009 y 2017, para extrapolar conclusiones hasta 2025. Por su parte, la Cancillería de México calificó el reporte de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El organismo describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. Además, el informe destaca una grave crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021.
En respuesta a las afirmaciones gubernamentales, Juan Pablo Albán, presidente del Comité, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y no se limita a un periodo cerrado. El organismo subrayó que su evaluación incorpora datos recientes, incluyendo 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006. El Comité documenta también que en Guanajuato el número de desaparecidos se multiplicó por ocho desde 2017 hasta abril de 2025.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”. Alcalde explicó que el gobierno realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, ya que detectaron señales de actividad posterior a la fecha de desaparición en más de 40,000 casos. De ese grupo, las autoridades han confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas.
Frente a estas posturas, la diputada Laura Ballesteros exigió la renuncia de Rosario Piedra como titular de la CNDH, acusándola de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, calificó la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General como “muy importante e histórico”, sosteniendo que rechazar dicha determinación implicaría “un retroceso lamentable”. Mientras tanto, la Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión del organismo internacional.
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