Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Un tribunal de justicia sentenció a 60 años de prisión a Omar ‘N’, exservidor público del sector educativo, tras ser declarado culpable de cometer cinco delitos de violación agravada. La condena incluye además la suspensión del ejercicio profesional, la privación de derechos políticos y civiles, una amonestación pública y la obligación de reparar el daño a la víctima.
De acuerdo con la información del proceso penal, los hechos ocurrieron cuando el acusado se desempeñaba como docente en la Secundaria Técnica 45 ‘Ignacio Manuel Altamirano’, ubicada en la colonia San Nicolás Totolapan, perteneciente a la alcaldía Magdalena Contreras. La víctima fue una adolescente que cursaba estudios en dicha institución.
El caso fue iniciado en septiembre de 2015 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), dependencia que llevó la investigación y el seguimiento legal hasta la emisión del fallo definitivo. La sentencia de 60 años corresponde a la acumulación de las penas por las cinco ocasiones en que se consumaron las agresiones sexuales.
La magnitud de la pena refleja la gravedad de los delitos cometidos por un funcionario que tenía bajo su responsabilidad la formación y seguridad de menores de edad. La suspensión de derechos políticos y civiles implica que el sentenciado no podrá ocupar cargos públicos ni ejercer funciones de representación o autoridad durante el tiempo que dure la sanción accesoria.
Este caso pone de manifiesto la actuación de la justicia mexicana frente a los abusos cometidos dentro del sistema educativo, donde la confianza depositada en el personal docente fue traicionada para perpetrar violencia sexual. La reparación del daño, cuyo monto específico no ha sido divulgado en los reportes iniciales, formará parte de las obligaciones que el condenado deberá cumplir paralelamente a su encarcelamiento.
La sentencia marca el cierre de un proceso que duró más de una década, desde la presentación de la denuncia en 2015 hasta la resolución judicial en 2026. Las autoridades judiciales enfatizaron que la pena busca no solo castigar al responsable, sino enviar un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia sexual en entornos escolares.
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